El 19 de enero de 1990, unas 50 personas participaron en la "Caminata por los Derechos Humanos" para derribar simbólicamente el muro de Colonia Dignidad, un enclave acusado de servir como centro de tortura durante la dictadura.

Liderada por figuras como los diputados electos Sergio Aguiló y Jaime Naranjo, y el senador Mario Papi, la marcha incluyó agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Linares. Partiendo desde la sede de la Comisión en Linares, la caminata generó gran revuelo al denunciar públicamente los graves abusos cometidos en Colonia Dignidad.

Carabineros bloqueó el paso a seis kilómetros de Villa Baviera, argumentando preocupaciones por la seguridad. A pesar de esto, la marcha continuó tras largas negociaciones, emotivos testimonios, cantos y pancartas, llegando a las cercanías de Villa Baviera.

Las reacciones no se hicieron esperar. Un recurso de protección fue presentado contra los parlamentarios participantes por el abogado Fidel Reyes, en representación de Colonia Dignidad, intensificando el debate sobre el papel de Colonia Dignidad durante la dictadura. En abril de 1990, el gobierno chileno anunció investigaciones sobre las actividades del enclave, subrayando que "no puede existir un Estado dentro de otro Estado".

Durante la década de 1980 y los primeros años de los noventa, Colonia Dignidad estuvo envuelta en una compleja dualidad. Por un lado, las denuncias de Amnistía Internacional y otras organizaciones resaltaban su oscuro papel durante el régimen militar. Por otro, los miembros de la Colonia defendían su labor como un esfuerzo altruista destinado a ayudar a los huérfanos del sur de Chile.

A pesar de su entorno natural, Colonia Dignidad sigue siendo uno de los lugares más siniestros de la historia chilena, con crímenes aún por esclarecer.

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