Lonquén: un macabro hallazgo

El 1 de diciembre de 1978, Chile se estremeció con el descubrimiento de quince cadáveres en los hornos en desuso de una mina de cal cerca de Lonquén. Estos cuerpos, que más tarde se comprobó pertenecían a personas detenidas y desaparecidas, habían sido arrestadas y asesinadas por efectivos de Carabineros de la tenencia de Isla de Maipo.

Ese mismo año, un sacerdote de la Iglesia Católica recibió información, bajo secreto de confesión, acerca de un lugar donde se encontrarían numerosas osamentas humanas. Reconociendo la gravedad de la denuncia, se constituyó una comisión para verificar la veracidad de la información antes de presentar una denuncia formal.

La comisión estuvo integrada por Mons. Enrique Alvear, Obispo Auxiliar de Santiago; Mons. Cristián Precht, Vicario de la Solidaridad; Jaime Martínez, Director del Semanario "Qué Pasa"; Abraham Santibáñez, Sub-Director de la revista "Hoy"; y los abogados Alejandro González y Máximo Pacheco. El 30 de noviembre de 1978, esta comisión se dirigió a la mina de cal abandonada en Lonquén, un pequeño poblado a 14 kilómetros de Talagante y cerca de Isla de Maipo. Allí, verificaron la existencia de dos hornos de aproximadamente nueve metros de altura, uno de los cuales contenía un gran número de osamentas humanas.

Tras la verificación, la denuncia formal se presentó el 1 de diciembre ante el Presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, solicitando que el Tribunal Pleno tomara conocimiento de la misma. Así comenzó una investigación judicial que permitió determinar que las osamentas halladas pertenecían a quince lugareños detenidos en Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973. Estas personas habían sido ejecutadas por Carabineros y sus restos enterrados ilegalmente en los hornos.

El caso de los hornos de Lonquén sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la historia de Chile, reflejando la brutalidad de la represión durante la dictadura militar.

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